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De l'abstract: "La reforma del Estatuto de autonomía catalán ha posibilitado incorporar en el más alto nivel un abanico importante de preceptos que pueden implicar un cambio para la situación del catalán en la Administración de justicia. El uso de la lengua catalana en este ámbito, a pesar de los años transcurridos desde el reconocimiento de su oficialidad, continúa siendo muy bajo, hasta el punto de que a menudo la oficialidad declarada es más teórica que real. El artículo empieza con el del régimen jurídico de la lengua en la justicia que se desprende de la normativa actual, sin tener en cuenta las posibilidades que abre el Estatuto. En primer lugar, se delimita a quien corresponde la regulación de los aspectos lingüísticos dentro de esta Administración y en las actuaciones que genera. La atribución de esta competencia básicamente al Estado ha condicionado completamente y de una manera negativa el régimen que se ha desarrollado y el uso real del catalán en el ámbito forense. En segundo lugar, se tratan los derechos y deberes que tienen los ciudadanos cuando se relacionan con las instancias judiciales y cuando en diferentes conceptos (justiciables, testigos, jurados, profesionales jurídicos, peritos, etc. ) intervienen en un procedimiento judicial. Y estrechamente relacionado con este aspecto, los usos que prescribe la ley para el personal que sirve al poder judicial, en la medida en que el funcionario también es portador de una serie de obligaciones y derechos lingüísticos que se tienen que articular con los que ejercen los ciudadanos y los profesionales que participan en el proceso. El régimen de usos lingüísticos que resulta da, con la normativa actual, una clara preeminencia al castellano y deja al catalán en una situación de marginalidad. A ello hay que añadir la difícil articulación del uso del catalán como lengua oficial con la estructura centralizada del poder judicial. En tercer lugar, se desglosan los diferentes perfiles lingüísticos que tienen los distintos cuerpos o categorías de funcionarios que trabajan en este ámbito. La heterogeneidad de perfiles y la valoración del conocimiento del catalán como simple mérito para ocupar una plaza han derivado en una deficiente capacitación lingüística para poder atender correctamente los derechos lingüísticos de los ciudadanos. La segunda parte está dedicada a analizar en qué innova el Estatuto el régimen descrito, qué novedades introduce en cada uno de los aspectos mencionados. La norma estatutaria constituye un avance que se pretende sólido y que manifiesta una gran voluntad de cambio en el camino hacia la normalización del catalán en juzgados y tribunales de Cataluña. Este cambio se refleja tanto en la atribución al ciudadano de un abanico importante y bien delimitado de derechos (derecho a ser atendido en catalán, derechos ante de los órganos centrales del Estado) como en la voluntad de poner en situación de paridad a las dos lenguas oficiales. Por ello, a pesar de los recortes que ha sufrido en el proceso de elaboración, el Estatuto incide especialmente en la capacitación del personal judicial como garantía de los derechos. En este sentido, introduce mandatos claramente innovadores como la afectación de todo el personal judicial al conocimiento del catalán, la necesidad de acreditar un nivel suficiente, etc. Se produce, pues, un reforzamiento en la necesidad de alcanzar competencia lingüística. A todo ello hay que añadir la fijación de un nivel más alto de espacios competenciales para la Generalitat, que tienen que redundar en un beneficio para la normalización del catalán. De todos modos, y como conclusión, se indica la necesidad de un despliegue adecuado a fin de que el régimen lingüístico previsto pase a ser real y no se quede en declaración de intenciones. Será necesaria, pues, una reforma del régimen lingüístico que contienen las normas del Estado, requerimiento que implica en diversos niveles la colaboración de las instituciones estatales con responsabilidades sobre el poder judicial y la Administración de justicia. Pero también será imprescindible un ejercicio competencial inequívoco por parte de la propia Generalitat". |
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