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De l'abstract: "La Ley de Normalización Lingüística de 1983 llevó a algunos ayuntamientos catalanes a aprobar ordenanzas fiscales que otorgaban descuentos en la tasa por sello municipal para los documentos presentados en catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó que esas iniciativas eran inconstitucionales. Ahora, sin embargo, los autores consideran que, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Política Lingüística de 1998, los nuevos ayuntamientos constituidos tras las elecciones municipales del 13 de junio de 1999 tendrán mayores posibilidades de implantar un sistema de beneficios fiscales para la publicidad y rotulación en lengua catalana. En este trabajo, los autores comparan los fundamentos de las sentencias de los años 80, las cuales reflejan un contexto político y jurídico notoriamente más adverso, con la jurisprudencia actual. El principal argumento esgrimido por los tribunales en la década pasada fue que dichas ventajas fiscales atentaban contra la cooficialidad del catalán y el castellano en Cataluña. Los argumentos aducidos hoy a favor de los beneficios fiscales para fomentar el uso del catalán giran en torno a la competencia tributaria y en política lingüística. Según la Constitución, el Estado tiene una potestad originaria para establecer tributos, mediante leyes, al tiempo que las comunidades autonómicas y las corporaciones locales están facultadas para establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. La Generalitat de Cataluña, cuya autonomía está reconocida constitucionalmente, tene potestad para legislar en cuestiones lingüísticas. El hecho de que la nueva ley de normalización lingüística no haya sifo recurrida ante el Tribunal Constitucional, argumentan los autores, supone una 'presunción' de su constitucionalidad". |
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Generalitat de Catalunya 
